En la noche entre el miércoles 24 y el jueves 25 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por menos de sesenta segundos. Los institutos sismológicos los calificaron como un doblete sísmico: una rara sucesión de seísmos muy próximos en el tiempo, con epicentros situados a pocas millas de distancia, en la costa caribeña, cerca de Morón, a unos cien kilómetros al oeste de la capital. Según los geólogos estadounidenses, se trata del seísmo más potente registrado en el país en más de un siglo.
La tierra tembló en Caracas, pero fue el estado costero de La Guaira - a unos treinta kilómetros de la capital - el que sufrió las consecuencias más graves. Allí, en los barrios populares que trepan por la montaña, decenas de edificios se vinieron abajo. Las agencias humanitarias de las Naciones Unidas hablan de más de un centenar de inmuebles derrumbados solo en La Guaira. La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, declaró la región «zona de desastre» y decretó el estado de emergencia, ordenando el cierre del aeropuerto de Caracas y la suspensión de los trenes y de las clases.
Las cifras siguen siendo provisionales y aumentan de forma dramática. Las autoridades sanitarias han informado, en las últimas horas, de unos 235 muertos y más de 4.300 heridos, muchos de ellos graves y necesitados de intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el balance podría quedarse muy corto: los observadores internacionales advierten de que, dada la extensión de los derrumbes, la cifra final podría situarse en el orden de los miles. A ello se suma el drama de los desaparecidos, que por el momento superan las 50.000 personas.
Un país a oscuras, también en las comunicaciones
La respuesta al seísmo tropieza con una de las realidades más graves de la Venezuela actual: el cierre casi total del espacio informativo. Cientos de páginas web - medios locales e internacionales, redes sociales e incluso herramientas para eludir la censura - permanecen bloqueadas. En las horas posteriores a los terremotos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas tuvo que instar a las autoridades a restablecer el acceso a los medios y a las redes sociales, recordando que, ante una emergencia de tal magnitud, disponer de información fiable es una cuestión de vida o muerte. Para las familias venezolanas que viven en el extranjero - con comunidades numerosas en Estados Unidos, España e Italia -, la imposibilidad de tener noticias de sus seres queridos se ha convertido en una segunda y desgarradora herida.
El contexto político agrava aún más la situación. Desde la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, el pasado mes de enero, el país está gobernado de forma interina por Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta y figura de absoluta continuidad con el chavismo, designada por el Tribunal Supremo. Es en este marco de legitimidad discutida y de un aparato estatal debilitado donde ha golpeado la catástrofe, dejando al descubierto la fragilidad de las infraestructuras públicas y de los servicios sanitarios, ya castigados por años de crisis.
La Iglesia, golpeada en sus propios muros
La Iglesia venezolana no contempla el drama desde fuera: forma parte de él y está herida junto a su pueblo. Desde la diócesis de La Guaira, el obispo, monseñor Pablo Modesto González Pérez, ha descrito una comunidad sin electricidad y duramente golpeada, con numerosos muros del seminario derrumbados y varias iglesias gravemente dañadas. Desde la archidiócesis de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo ha informado de daños estructurales en numerosas parroquias, en la catedral y en al menos otras doce iglesias.
En medio del luto hay un dato que los pastores no han dejado de subrayar: el seísmo se produjo en día festivo. De haber ocurrido en una jornada laboral, con escuelas, oficinas y comercios abiertos, el número de víctimas habría sido - según la convicción compartida por el episcopado local - incomparablemente mayor. Desde las diócesis del centro del país, de Valencia a Ciudad Guayana, los obispos describen una situación crítica, con edificios enteros «desmoronados».
El primer gesto de la Santa Sede
Roma respondió con rapidez. Ya a primera hora de la tarde del jueves 25 de junio, León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica, el organismo encargado de gestionar las obras de caridad del Pontífice. La cantidad - destinada a los responsables de la Iglesia local - fue fijada tras los contactos con el nuncio apostólico, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas. La Santa Sede precisó que no se trata de un gesto aislado, sino de un primer paso: la atención a las necesidades del pueblo venezolano será constante y se ajustará, en los próximos días, a las indicaciones de la Iglesia del país.
A la intervención del Papa se ha sumado toda la red caritativa católica. Caritas Internationalis ha destinado, por su parte, otros 100.000 euros a los primeros auxilios, trabajando en coordinación con Caritas Venezuela, que cuenta con una extensa red de unos treinta mil voluntarios dedicados a la distribución de ayuda y al apoyo de las familias que se han quedado sin hogar. También se ha movilizado la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es, una vez más, el tejido ordinario y silencioso de la Iglesia - el de las parroquias, los voluntarios y la limosna del Obispo de Roma - el que constituye la primera red de protección allí donde el Estado apenas logra responder.
La movilización internacional y sus sombras
En el plano internacional, la maquinaria de ayuda se ha puesto en marcha. Las Naciones Unidas han lanzado un llamamiento «sin precedentes», desplegando agencias y equipos de emergencia. Varios Estados europeos han ofrecido asistencia, mientras los bomberos italianos se preparaban para partir con equipos especializados en la búsqueda entre los escombros urbanos; entre los edificios dañados en Caracas figura también la sede de la embajada italiana.
Sin embargo, queda en segundo plano la incógnita más delicada: el papel de Washington. Estados Unidos ha anunciado el envío inmediato de equipos de búsqueda y rescate, así como de ayuda humanitaria. Pero esa asistencia llega en un momento en que la propia soberanía venezolana es objeto de disputa, tras la captura de Maduro y las declaraciones de la Administración estadounidense sobre el futuro del país. La solidaridad hacia un pueblo en duelo y el cálculo geopolítico corren aquí el riesgo de entrelazarse de manera difícil de separar, y conviene que quienes observan desde lejos no confundan una cosa con la otra.
Por ahora, bajo los escombros de La Guaira y Caracas, lo que cuenta es el tiempo: las horas que separan a los equipos de rescate de los supervivientes que todavía permanecen atrapados. La Iglesia venezolana, herida en sus propios muros pero en pie junto a su gente, ha escogido el camino más antiguo y más concreto: estar allí. Y el primer gesto de León XIV, en su sobriedad, es la señal de que desde Roma esa presencia no quedará sola.
p.F.V.
Silere non possum