Madrid - Hay un caso que, estos días, está sacudiendo al País. Y surge una pregunta inevitable: si los hechos que el juez Juan Carlos Peinado considera merecedores de un juicio con jurado popular fueran tan sólidos como sostiene en su auto, ¿por qué el organismo técnicamente más cualificado y más protegido de las presiones políticas entre los que han examinado este expediente -la Fiscalía Europea - decidió no formular acusación contra Begoña Gómez y citarla únicamente como testigo?
Esta asimetría revela mucho sobre cómo, por desgracia, la justicia puede acabar sirviendo a intereses muy distintos. Tanto aquí, en España, como en otros países.
Dos justicias, dos resultados
La Fiscalía Europea es un organismo supranacional, ajeno a las pasiones de la política madrileña, sin necesidad de quedar bien con nadie ni de alimentar tertulia alguna. Investigó los contratos europeos vinculados al empresario Juan Carlos Barrabés - el núcleo "duro" del presunto tráfico de influencias - con peritajes de la IGAE, diligencias de la UCO y declaraciones de licitadores. Y su conclusión, respecto a la esposa del presidente del Gobierno, fue el silencio acusatorio: testigo, no investigada. En paralelo, en el mismo país y sobre los mismos hechos, un juzgado de instrucción ha hecho exactamente lo contrario. No solo ha mantenido viva la causa durante dos años; la ha expandido pieza tras pieza, ha procesado a Gómez por cuatro delitos, ha abierto una nueva línea por prevaricación y fraude a los intereses de la Unión, y ha culminado con la medida más expresiva de todas: retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno y prohibirle salir de España por un supuesto riesgo de fuga.
Si la tarea de la justicia es esclarecer la verdad, resulta grave que, ante los mismos hechos y el mismo material probatorio, dos autoridades judiciales lleguen a conclusiones tan divergentes. En ese momento se resquebraja la idea, presentada a menudo a los ciudadanos como un relato tranquilizador, de que los jueces actúan exclusivamente con arreglo a la ley y en la búsqueda imparcial de la verdad. La cuestión es de método. O quizá de algo aún más profundo: la mirada con la que se decide interpretar los hechos.
La prueba que no aparece
Conviene recordar lo que la propia instrucción ha acreditado, porque suele perderse entre titulares. La investigación —que ha rastreado cuentas bancarias, ingresos e incluso supuestas cuentas en la República Dominicana y en Turquía— no ha hallado pruebas concluyentes. Los ingresos universitarios de Gómez fueron modestos: unos 40.000 euros en una década. El informe inicial de la Guardia Civil descartó el tráfico de influencias. Y la Fiscalía, la española, ha pedido reiteradamente el archivo, oponiéndose tanto al procesamiento como a las medidas cautelares.
Frente a ese vacío probatorio, el auto de apertura de juicio no ofrece una prueba que cierre el caso, sino una hipótesis: que Gómez se aprovechó de su condición de cónyuge del presidente. Una sospecha, por verosímil que a algunos les parezca, no es una prueba. Y construir un jurado popular sobre una sospecha, cuando los órganos técnicos que han mirado lo mismo no ven delito, es precisamente lo que diferencia la justicia de la inquisición.
Sería deshonesto fingir que no hay nada que discutir. El uso de una asesora de la Moncloa para tareas vinculadas a la actividad privada de la esposa del presidente es una práctica que merece escrutinio, como lo merecen las cartas de apoyo en licitaciones públicas. Pero conviene anotar que esas cartas eran idénticas a otras treinta y dos firmadas por responsables institucionales, y que la asistencia personal a los cónyuges de los presidentes es un uso heredado de gobiernos anteriores. Lo cuestionable, en su caso, es de naturaleza política y administrativa. Convertirlo en cuádruple delito es un salto que la prueba no sostiene.
El origen y la deriva
No es indiferente quién empuja esta causa. Nació de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa, y la acusación popular que ha pedido el pasaporte la encabeza hoy una organización ultraconservadora, Hazte Oír. Es legítimo que existan; lo inquietante es que la temperatura ideológica de quien acusa parezca contagiar el ritmo y el celo de quien instruye.
Esa deriva tiene un punto de inflexión que ya nadie puede ignorar. Para sostener el riesgo de fuga, el juez no se limitó a rechazar el argumento de la defensa - que Gómez está habitualmente escoltada -, sino que llegó a insinuar que los propios agentes podrían colaborar en una eventual huida, por iniciativa propia o por orden superior. Sembrar la sospecha sobre la lealtad de la Policía Nacional para justificar la retirada de un pasaporte no es una cautela: es una insinuación que ha llevado a los sindicatos policiales y al ministro del Interior a recurrir al Consejo General del Poder Judicial. Cuando un instructor necesita imaginar una conspiración de escoltas para fundamentar una medida, lo que delata no es la peligrosidad de la investigada, sino la fragilidad de su propio relato.
A ello se suma el tono. Comparar lo ocurrido con prácticas "propias de regímenes absolutistas" no es lenguaje de auto judicial: es retórica de parte. Y un juez que escribe como un acusador ha dejado de ser árbitro.
Lo que de verdad está en juego
Nada de esto significa que Begoña Gómez sea inocente o culpable; eso lo dirá, si llega, un juicio. Significa algo más grave para la salud democrática: que el resultado de una instrucción pueda depender no tanto de los hechos como de la sensibilidad ideológica del instructor que los mira. La Fiscalía Europea miró sin pasión y no vio delito. Un juzgado de Madrid miró con otra disposición y vio cuatro. Esa distancia es el verdadero expediente que España debería abrir.
Porque cuando la prueba escasea y la sospecha sobra, la justicia deja de proteger al ciudadano frente al poder y empieza a hacer política por otros medios. Y una democracia que normaliza que sus jueces hagan política está, sin saberlo, desmontando la garantía que los justifica.
p.W.S.
Silere non possum